El Internet de las Cosas (IoT) y la posibilidad de compartir información entre los objetos, usuarios y marcas que ofrece, ha demostrado su crecimiento constante, como ya se ha comentado aquí en el blog. Sin embargo, su expansión significa también un aumento de las discusiones sobre la infraestructura y gravamen en la búsqueda por reglamentar esta tecnología.
El impuesto aplicado a los productos y soluciones ha sido uno de los principales retos en la actualidad, generando diversos debates y divergencias entre las empresas y el gobierno.
Los impuestos en Brasil se encuentran entre los más altos del mundo. El impacto que esto puede tener en el IoT está relacionado directamente con la viabilidad de nuevos proyectos y no con la instalación de los dispositivos. Esto se debe a que las cargas fiscales de Brasil se calculan en base a la función del objeto analizado, privilegiando los principios de la legalidad y seguridad jurídica, que, en el caso del IoT es muy variable y amplio.
Algunos ejemplos muestran los desafíos enfrentados. Podemos empezar citando a los interruptores. Mientras que los interruptores comunes son considerados como materiales de construcción, y los interruptores inteligentes, por sus funciones, como las computadoras, y por lo tanto poseen una carga fiscal diferente y superior.
Las tecnologías del IoT, por su complejidad y flexibilidad, se enmarcan en diferentes conceptos existentes y poseen previsión de gravámenes específicos en el sistema tributario brasileño. Pueden enmarcarse en diferentes categorías, tales como: venta o arrendamiento de bienes, prestación de servicios comunes o la prestación de servicios de telecomunicaciones.
Uno de los mayores retos para los desarrolladores y canales de productos y servicios de IoT es comprender la relación que establecen con los servicios de telecomunicaciones e información para, a partir de ese entendimiento, comprender de qué manera serán tributados.
La necesidad de comprender la función del IoT dentro de los conceptos presentados, existe porque las actividades realizadas por estos dispositivos pueden ser, tanto de telecomunicación como de valor añadido, que tienen diferentes naturalezas y, por lo tanto, también diferentes gravámenes.
Casos en los que el sistema IoT es utilizado para conectar cosas, a través de conexión con Internet, como sucede con los sistemas de rastreo, es posible que esto se comprenda como una prestación de servicios de telecomunicaciones.
Ya en situaciones donde se utiliza Internet para conectar las cosas, pero el usuario se beneficia de otros servicios, los ingresos deben entenderse no como resultado de la actividad de telecomunicaciones, sino como actividades que utilizan la telecomunicación como insumo para desempeñar una función. Este es el caso de las heladeras inteligentes que son automatizados con conexión a Internet, pero no permiten que el usuario tome ventaja de esta conexión, sólo de la optimización de las funciones de la propia heladera.
El gran problema que se presenta, en realidad, es que existe una gran dificultad en encuadrar las utilidades del IoT en los conceptos que la legislación presenta, creando situaciones sujetas a la interpretación, casos en que el fisco, generalmente, termina decidiendo por la opción que ofrece mayor impuesto.
El Gobierno Federal se movilizo para publicar en octubre del 2017 la fase final del estudio sobre el IoT y lanzar, oficialmente, en el mismo mes, el Plan Nacional de IoT, en el que se definirán de forma prioritaria las propuestas para las inversiones públicas en los próximos 5 años.
Lo que más se debate sobre el tema es la cuestión de la regulación de las actividades relacionadas con el IoT. Lo que se espera es que las características del sistema nacional de impuestos sean tomadas en cuenta en el momento de establecer los impuestos e incentivos, ofreciéndoles mayor seguridad jurídica a los empresarios e inversores de estas tecnologías.
Todas estas discusiones se han centrado en el fomento de las incubadoras y de las startups de tecnología relacionadas con el IoT a través de la reducción de la carga fiscal, garantizando el acceso a líneas de crédito exclusivas y ofreciendo mejores condiciones competitivas. Las propuestas analizadas también incluyen la creación de programas de modernización y que son destinados a ofrecer un mayor acceso a los recursos de los fondos sectoriales.
De esta manera, vemos que, aunque la intervención del gobierno parece tener intenciones favorables para el desarrollo de la tecnología, la forma como los impuestos son establecidos por la legislación brasileña es una constante fuente de preocupación, en particular para el IoT, que se pauta en la conexión de dispositivos y usuarios que termina por enmarcarse, y en la mayoría de las veces, bajo la tributación de las telecomunicaciones.
Por lo tanto, muchos operadores y la mayor parte de las industrias creen que la falta regulación e interferencia del gobierno es que puede fomentar la adopción y masificación de estas tecnologías, ya que el gobierno sólo haría más burocrático el proceso.